La norma mínima de cultura política aceptable para que el ciudadano pueda definir y juzgar competentemente las cuestiones de las que depende ahora el sistema de seguridad nacional, tiene que estar eminentemente establecida en la Constitución de los Estados Unidos de América, y no a contradictoria e inconstitucional pretensión de una legislación antiinmigrante; todo en consideración a que la ciudadanía no es un accidente geográfico si no un derecho constitucional basado en la Enmienda Catorce de Julio 9 de 1868, que establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sometidas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos en que residen. Ningún Estado podrá dictar ni dar efecto a cualquier ley que limite los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; tampoco podrá Estado alguno privar a cualquier persona de la vida, la libertad o propiedad sin el debido proceso legal; ni negar a cualquier persona que se encuentre dentro de sus límites jurisdiccionales la protección de las leyes, igual para todos.
Para este preámbulo, a todo ciudadano estadounidense nacido o naturalizado en territorio norteamericano, no hay ni existe norma legal para que sea despojado de su nacionalidad. No existe enmienda constitucional que lo prive de este privilegio porque aún de fallecido sigue siendo considerado parte de la Nación Americana con todos los honores constitucionales.
Porque los hijos de inmigrantes nacidos en territorio estadounidense están amparados en la Constitución de los Estados Unidos de América, no tienen otra condición si no de americanos, porque nacieron en territorio de la Unión Americana, y a ellos les sobra fundamento constitucional para que no sean despojados de su ciudadanía americana, y esa norma constitucional no está ni merece reforma alguna para quién o quiénes nacieron en los Estados Unidos, aunque éstos hijos sean de padres no nacidos en territorio estadounidense.
Si la Legislación o Enmienda estadounidense consideraría posibilidades para despojar a los que nacieron en los Estados Unidos de América siendo de padres indocumentados, la historia tendría que tener efecto retroactivo para despojar a los inmigrantes hijos que ocuparon la presidencia de los Estados Unidos y cientos de ciudadanos que han sido elegidos para gobernar esta nación en diferentes ciudades y Estados. Entonces, ¿ a quién corresponde la historia ? ¿ al inmigrante que pobló el territorio americano, o al indio americano que nació bajo su tierra, sol y aire ?.
Para un legislador estadounidense y su Congreso, no hay enmienda ni norma constitucional que amerite despojar de los derechos constitucionales a quienes nacieron en territorio norteamericano, y para que esto suceda, se habrían despojado, esto sí, de la base estructural muy sólida que dejaron como legado los padres de esta gran Nación, la que hemos poblado, junto a ellos, lo que hoy es la Unión Americana, la de los presidentes de los Estados Unidos: George Washington, James Monroe, John Quincy Adams, Abraham Lincoln, William McKinley, Franklin Roosevelt y, potencialmente, los presidentes asesinados James Garfield y John F. Kennedy, a la que añadimos a esta lista al fundador principal de la independencia de la república constitucional de nuestra nación, Benjamin Franklin, y el Dr. Martin Luther King Jr., defensor de los Derechos Civiles.
